En Venezuela: Trabajadores presionarán la discusión de contratos vencidos

Trabajadores presionarán la discusión de contratos vencidos
Para el diputado Vera, la falta de legitimidad sindical retrasa el debate

Más de 400 dirigentes sindicales participaron ayer en el "Juicio Laboral al Gobierno" convocada por el Fadess en Caracas CORTESÍA

YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
jueves 23 de agosto de 2012 12:00 AM
La acumulación de contratos colectivos vencidos, desconocimiento de los dirigentes sindicales electos por los trabajadores, discriminación política, acoso laboral y la negativa al diálogo social, se han convertido en los principales problemas que enfrentan distintos sectores laborales del país.

Durante el acto "Juicio Laboral al Gobierno", organizado por el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), trabajadores de las empresas básicas, del sector petrolero, educativo y de salud, entre otros, cuestionaron la política "antiobrera" que ha mantenido el Gobierno por la falta de atención a los reclamos.

Al respecto, Froilán Barrios, vocero del Fadess, cuestionó la "orientación sesgada" del Ejecutivo para resolver los problemas. "Si el conflicto es en una empresa privada, lo criminalizan y es capaz de llevarlo hasta sus últimas consecuencias así los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. Si el conflicto es el sector público, lo intentan apagar", dijo.

Pese a ello, a los trabajadores les ha tocado intensificar sus reclamos hasta llamar la atención de las autoridades. Recientemente ocurrió durante el acto presidencial en Guayana, estado Bolívar, con los trabajadores de las empresas básicas, quienes exigieron la discusión de la convención colectiva Sin embargo, para Pablo Castro, integrante del Fadess, esta situación va a ser reiterativa en distintos escenarios ya que el Gobierno está en mora con varios sectores.

Relató que los trabajadores del sector público tienen 10 años sin discutir los contratos colectivos. "Nosotros exigimos que se nombren comisiones para discutir esos contratos del sector público".

Castro destacó que el Fadess se mantendrá en pie de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. El movimiento sindical estima que existen más de 400 convenciones que aguardan por ser revisadas en todo el país.

En contraste, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Oswaldo Vera, aseguró que no ha habido mayor discusión de contratos colectivos como la que se ha dado en el país en los últimos años. Entre ellos, detalló el contrato petrolero, el del Metro de Caracas y de Cantv.

Vera argumentó que la demora en el debate de algunas convenciones obedece, en algunos casos, a la falta de legitimidad de la dirigencia sindical, más que por falta de voluntad del Ejecutivo.

Expresó además que "hoy se ha avanzado de manera clara y paulatina en la organización de los trabajadores. Hay más sindicatos".

Improvisación laboral

Los dirigentes sindicales rechazaron la improvisación con la cual el Gobierno ha venido manejando los asuntos laborales del país.

Como ejemplo de ello, Castro detalló la aprobación de la Ley del Trabajo, sin cuantificar los costos laborales con los distintos sectores productivos, y la orden presidencial de iniciar las discusiones colectivas en las empresas básicas de Guayana, producto de la presión de los trabajadores.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el primer semestre de 2012 acumula 1.100 conflictos laborales y las expectativas es que cierre en una cifra muy superior al año pasado, cuando se totalizaron unos dos mil casos.
FUENTE: EL UNIVERSAL VENEZUELA.

Trabajadores públicos calificaron como "electorera" cancelación de pasivos laborales con petrobonos

VVRG - Globovisión/Nota de prensa
15/08/2012 5:21:41 p.m.

Este miércoles, el secretario de organización de Sunep Miranda, Fermín Gutiérrez, calificó como una decisión electorera el anunció del Gobierno central de cancelar la deuda de pasivos laborales a los empleados públicos, utilizando petrobonos como herramienta de pago.

“La decisión del presidente Chávez de utilizar el bono Petrorinoco es un fraude. No se justifica que con tantos recursos que han ingresado al país durante estos 14 años, producto de la renta petrolera, el Gobierno central vaya a pagar a los trabajadores y jubilados de la administración pública con un papel y no en efectivo. Esta no es más que una decisión politiquera porque estamos en año electoral”, expresó Gutiérrez.

Gutiérrez aseguró que los empleados necesitan su dinero contante y sonante para poder hacer reparaciones a sus casas, mejorar su salud o resolver un problema inmediato. “El Estado tiene dinero con qué pagarle a los trabajadores. Desde hace varios años, se cuenta con suficientes ingresos petroleros que debieron haber permitido y obligado al gobierno del presidente Chávez a pagar los pasivos laborales a tiempo, y con dinero en efectivo, sin acumular la deuda actual. ¿Por qué no le pagan a Cuba o China con papel y a los trabajadores nos cancelan con los millones de dólares con los que se quedan esos y otros países? Nosotros necesitamos nuestro dinero en efectivo, porque ni siquiera sabemos qué vamos hacer con ese documento, quién nos lo va a comprar, cómo y cuándo”.

Por su parte, la secretaria organizacional de Sunep Finanzas Seniat, Rosalba Gualtieri, detalló que es poca la información que se maneja de cómo funcionan esos petrobonos, por lo que aseveró que los trabajadores de la administración pública, prefieren otra forma de pago. “Si bien se trata de deudas que datan de hace mucho tiempo, el Gobierno central tiene la responsabilidad de honrarlas y preferimos que lo hagan en efectivo, porque entendemos que esos petrobonos se colocarán en el mercado y nadie nos garantiza que el trabajador reciba el 100% de la deuda y los trabajadores desconocemos cómo se manejan en el mercado los mismos. No sabemos de qué forma y en cuánto se van a cotizar”.

Asimismo, Gualtieri se refirió al congelamiento de las contrataciones colectivas que llevan muchas hasta 20 y 25 años vencidas y hasta la fecha este Gobierno no ha puesto al día. “En el caso particular del Ministerio de Finanzas el contrato colectivo tiene 16 años vencidos y hace como 6 años comenzamos a discutir un proyecto de convención colectiva que cumpliera con todos los requisitos para el procedimiento. Lo llevamos al Ministerio del Trabajo hace como 4 años para darle admisibilidad y actualmente descansa en el despacho del Ministerio de Finanzas sin que hasta la presente fecha nos hayan dado respuesta. Nuestro llamado es al Gobierno central para que se ponga al día con nuestros trabajadores de la administración pública”.
FUENTE: GLOBOVISIÓN.

Los Petrorinoco pueden ser adquiridos por la banca pública sin descuento

Los títulos valores serán emitidos por el Fondo Nacional de Ahorro de la Clase Obrera para pagar las deudas por prestaciones sociales que tiene el Estado con las trabajadoras y los trabajadores.
El Gobierno Bolivariano está en capacidad de crear mecanismos para garantizar el valor de los bonos Petrorinoco, que se emitirán para cancelar las prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración Pública.
“La banca pública pudiera adquirir los títulos al valor nominal y eso le garantizaría al trabajador disponer del monto total de sus prestaciones. Eso quiere decir que no variarán en su valor. Esto implica que no habrá descuento al momento de la negociación del instrumento y que este se pagará por el monto que sea emitido”, adelantó el analista económico José Gregorio Piña.
Las negociaciones de los bonos en el mercado secundario y en las bolsas de valores se hacen con descuento, pero el sistema financiero público está en capacidad de adquirir esos títulos valores sin descuento por su alta tenencia de depósitos provenientes del Estado.
De esta manera se evadirían los intermediarios que especulan con esos bonos, explicó el especialista que estuvo a cargo del fondo de prestaciones que operaba en la cartera de finanzas públicas.
El Gobierno del presidente Chávez creó el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera que tiene una de sus competencias la de emitir títulos denominados en bolívares (Petrorinocos) o títulos inmobiliarios para pagar la deuda laboral, según establece la Gaceta Oficial número 39.915.
El Presidente Chávez adelantó hace poco que los Petrorinoco podrían entregarse a las trabajadoras y los trabajadores que esperan por cobrar sus prestaciones en agosto y que podrán ser negociados tras un año de su emisión.
Piña dijo que los recursos de la banca pública para adquirir esos bonos serían limitados, por lo tanto, considera que este mecanismo no deber ser generalizado, pero es un paso en la determinación del Gobierno del presidente Chávez en cancelar la deuda por concepto de prestaciones sociales que mantiene la administración pública con la clase trabajadora.
OBLIGACIÓN DE LEY
El analista económico dijo que la ley obliga a que el fondo garantice un rendimiento que podrá tomar como referencia las tasas de interés para prestaciones sociales fijadas por el Banco Central de Venezuela y sumarle un porcentaje adicional. Pero el precio del mercado es imprevisible si se ofrece en la bolsa de valores o en el mercado secundario, por eso considera que su valor pudiera estar por debajo de su valor nominal.
Un rendimiento mayor al que ofrecen los bancos es atractivo, dijo Piña, aunque acotó que no es lo mismo dar una suma en efectivo hoy, que darla en una fecha futura. “Lamentablemente desde la Cuarta República no se habían provisionado los recursos para las prestaciones. La deuda es muy grande y la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores (Lottt) es clara en la obligación de su pago”, expresó.
El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, según el decreto ley publicado en Gaceta Oficial el pasado 9 de mayo, tiene como finalidad honrar los pasivos laborales y soportar el régimen prestacional de los trabajadores de la administración pública.
El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera podrá emitir tanto los Petrorinocos y otros títulos como los inmobiliarios, denominados en bolívares, los cuales podrán ser negociados luego de transcurrido un año de su emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria.
Piña estima que solo en capital, sin contar con los intereses, la deuda de la Administración Pública está por el orden de 20 mil millones de dólares. “No se tienen cálculos precisos, las mayores obligaciones están en los ministerios de Educación y Salud, que emplean a cerca de un millón de personas de mucha antigüedad, eso complica los cálculos”.
APORTE DEL PETRÓLEO
El Fondo Nacional de Ahorro de la Clase Obrera se nutrirá de los dividendos derivados de las acciones de Pdvsa Social, 2,22% que las empresas mixtas creadas de conformidad con la Ley de Hidrocarburos deben pagar a la República y 3,33% del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos de cualquier yacimiento que deben pagar las empresas mixtas por concepto de Impuesto de Extracción.
El fondo también recibirá lo que le corresponda por la Ley de Presupuesto, lo que obtenga por gestión propia, lo que obtenga por la celebración de operaciones de crédito público y demás ingresos que determine el Ejecutivo, establece el decreto de creación.
Además podrá titularizar las viviendas y demás bienes que aporte la República mediante el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, o por cualquier otro órgano o ente público.
Podrán optar a estos mecanismos de pago los obreros, empleados, funcionarios y personal contratado de la administración pública y cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional.
FUENTE: Noticias de Venezuela y el MundoAmerica Noticias

En Venezuela: Prestaciones licuadas

Prestaciones licuadas
VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
martes 21 de agosto de 2012 03:16 PM

Al terminar de prestar sus servicios al Estado, en ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades y demás organismos públicos, los trabajadores tienen derecho a recibir prestaciones sociales, un pago que compensa los años de dedicación y constituye el fondo para el retiro o el dinero para comenzar un nuevo período.

Pero el Gobierno se ha atrasado en el pago y tiene una enorme deuda por "pasivos laborales", acumulados durante los últimos catorce años, que aún no calcula del todo y al menos supera los 24 mil millones de bolívares, unos 5 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Por la deuda con estos trabajadores, ya retirados, el Gobierno tiene que cancelar los intereses de mora que cada mes establece el Banco Central, tomando como referencia las tasas para créditos de las seis principales instituciones financieras del país, pero esto no es suficiente protección.

En este tema, la inflación se ha convertido en la gran enemiga de los trabajadores y una eficaz aliada para la chequera del Gobierno, porque a pesar de los intereses de mora, cuando cancele lo hará con bolívares que valen menos.

Entre 1998 y 2004 los intereses de mora por el atraso en el pago de las prestaciones superaron a la inflación, pero cuando el Gobierno controló las tasas para abaratar el crédito la relación se invirtió.

El resultado es que al contrastar la inflación y la tasa promedio para los intereses de mora de cada año, entre 2005 y 2011, el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos que ya no están activos y aún no han cobrado, acumula una pérdida de capacidad de compra de 30%.

Tras el colosal atraso en el pago el Gobierno ha anunciado que cancelará las prestaciones con bonos, llamados Petrorinocos, que los trabajadores deberán conservar al menos durante un año y por el cual recibirán una tasa de interés anual de 18%.

El principal riesgo es la devaluación. Todo indica que el año entrante será inevitable un ajuste cambiario para obtener más bolívares por los petrodólares y cubrir de esta manera parte de la brecha que existe entre el gasto y el ingreso en las cuentas públicas.

La consecuencia será una caída en la capacidad de compra de los bolívares que podrán obtenerse con los Petrorinocos.

Estos temas han sido obviados por los sindicalistas que apoyan al Gobierno pero, paradójicamente, también lo ha hecho la oposición, por lo tanto, debemos esperar la cadena presidencial donde habrá trabajadores felices con su Petrorinoco bajo el brazo.

@vsalmeron
FUENTE: EL UNIVERSAL DE VENEZUELA

PRESTACIONES SOCIALES LICUADAS EN VENEZUELA.pdf

Inspectorías regionales rechazan reclamos del sector privado

Inspectorías regionales rechazan reclamos del sector privado
06:28 am 20-Ago de 2012|Ana Díaz
Consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo guarda silencio ante casos de interpretación legal

Sindicatos de la empresa privada se quejan de la falta de atención en esas dependencias laborales | Archivos
Un cartel en la puerta de la oficina del inspector dice: "No se atienden patronos". Esta situación se observa en algunas inspectorías del trabajo del interior del país desde que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Trabajo, dijeron fuentes laborales.

Varios empresarios y representantes legales de compañías, que pidieron no mencionar sus nombres, denunciaron el trato hostil de los funcionarios de dependencias laborales hacia el sector privado. Señalaron que el personal de estas instancias traba o retrasa la tramitación de las solicitudes de los empleadores. Agregaron que han llegado a rechazar los documentos probatorios exigidos por la Ley Orgánica del Trabajo para decidir sobre los casos de despidos de un empleado con causa justificada.

"Cada inspectoría hace una interpretación diferente de la legislación y las empresas tienen que aceptar la decisión para evitar las sanciones severas que establece la ley", dijo uno de los afectados. Otro contó que un funcionario le informó que hasta el 7 de octubre está la orden del Ejecutivo de reenganchar a todos los despedidos de la empresa privada.

La orden incluye casos de los empleados que perdieron su trabajo por incurrir en conducta inmoral, injuria o falta grave de respeto al patrono y su familia, hecho intencional o negligencia que afectan la salud y seguridad laboral, e inasistencia injustificada al trabajo, entre otras faltas.

El jueves, en un acto de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de Conindustria, ratificó que en algunas inspectorías se niegan a atender a los patronos privados.

En el candelero. El abogado laboral León Arismendi señaló que desde hace tiempo las inspectorías no dan curso a los reclamos de los trabajadores de la empresa privada y congelan las decisiones relativas al sector público. "Con la nueva ley esta tendencia contra las empresas se ha acentuado", afirmó.

Agregó que el problema está en la fuerte carga ideológica de la LOT que promueve la lucha de clases como transición hacia el socialismo.

El artículo 25 de la ley indica que "el proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista". Arismendi considera que hay un terrorismo contra los patronos privados a quienes "no les queda otra que cumplir la ley al pie de la letra".

El también profesor de Derecho del Trabajo de la UCV insistió que las normas laborales deben salir del consenso entre Ministerio del Trabajo, patronos (público y privado) y trabajadores. Añadió que para aclarar problemas de interpretación legal por parte de las inspectorías está la consultoría jurídica del despacho, la cual inexplicablemente se ha mantenido al margen desde la promulgación de la ley.

José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco, dijo que "mientras en la inspectoría de Puerto Ordaz fustigan a los empresarios, al patrono Gobierno no lo obligan a cumplir con sus trabajadores. A los reclamos de los sindicatos de las empresas de Guayana no les paran".

Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, ante la pretensión de funcionarios de algunas inspectorías de imponer el horario de ocho horas de lunes a viernes a las panaderías, les recordó que la Ley del Trabajo da un año de plazo para que los patronos adopten la nueva jornada. Crespo indicó que en la inspectoría de Vargas alegan no tomar decisiones hasta que salga el reglamento de la legislación.
FUENTE: DIARIO EL NACIONAL DE VENEZUELA.